Litigio para garantizar la independencia judicial

En marzo de 2020,  sorpresivamente, le notificaron que su cargo como magistrada había finalizado, no obstante que faltaban dos años para cumplir su primer periodo de ocho años. El Congreso de Oaxaca la designó por ocho años que empezaba a computarse el 21 de 2014, por lo que finalizaría el 21 de marzo de 2022.

Ante tal injusticia, decidió defenderse. Encontró asesoramiento en las abogadas y abogados de Litigio Estratégico Indígena A.C. La demanda de amparo se turnó al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Y empezó un largo litigio en medio de la pandemia de Covid-19.

Conjuntamente con la asociación lograron demostrar que el Congreso de Oaxaca había violado sus derechos humanos y, después de un arduo litigio, el nueve de marzo de 2022, dos años despues, el juez federal el concedió el amparo para que fuera restituida en el cargo de magistrada, a efecto de que cumpla el tiempo para el que fue designada, es decir, ocho años.

Inconformes con la sentencia, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca; y el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, promovieron recursos de revisión contra la sentencia protectora.

Los recursos de revisión se enviaron al Segundo Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa del XIII Circuito, para que revisara la sentencia. Ante este órgano se comunicó lo infundado de los recursos.

Finalmente, en la sesión efectuada vía remota el 30 de diciembre de 2022, el Tribunal Colegiado determinó confirmar la sentencia que ampara y protege  contra la indebida terminación anticipada de su cargo en el Tribunal de Justicia Administrativa. Y ordenó su reinstalación en el órgano de justicia administrativa.

La resolución constituye un precedente relevante para combatir los actos arbitrarios de autoridad, encaminados a privar a los servidores públicos del ejercicio de sus cargos de manera anticipada, sin sustento jurídico, y con base en intereses políticos.

El Poder Judicial de la Federación medianten este tipo de sentencias se convierte en un protector de los derechos humanos de las y los servidores públicos, y especialmente de las mujeres, que para poder acceder a cargos públicos, han tenido que romper los gruesos techos de cristal.