Los pueblos indígenas y sus derechos siempre quedan al último. No son prioridad para las autoridades. Aunque el gobierno federal en turno se comprometió a llevar a cabo una reforma para el reconocimiento pleno de la autonomía y libre determinación de los pueblos originarios al inicio de su mandato, esperó hasta los últimos meses de su administración para enviar al Congreso la iniciativa de reforma constitucional. Reconocemos que si bien esta tiene avances importantes, tiene también algunas omisiones fundamentales.
Preocupa a las más de 250 comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos que integran la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA) que termine el actual periodo de sesiones el próximo 30 de abril y la iniciativa de reforma indígena enviada a la Cámara de Diputados por el titular del Ejecutivo el 5 de febrero no sea dictaminada, votada y aprobada.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Pueblos Indígenas y Afromexicanos para su dictaminación el 8 de febrero. Para enriquecer este proceso, la ALDEA entregó a ambas comisiones una opinión técnica que permitiría fortalecer la “Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma, adiciona y deroga el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos”.
En el acto de entrega los representantes de la ALDEA pidieron a los legisladores no demorar el proceso de dictaminación para evitar que ésta, como ha ocurrido con varias otras iniciativas en la materia, quede en el limbo o la congeladora.
La ALDEA recalcó que mientras se regatean los derechos de los pueblos en los Poderes de la Unión, en los territorios hay cada vez más asedio y hostigamiento de grupos criminales, empresas, partidos políticos y gobiernos que pretenden despojar a las comunidades de sus recursos naturales, cultura, territorios y vulneran sus derechos.
Es fundamental que con esta iniciativa se puedan reconocer y garantizar los sistemas normativos y el autogobierno de los pueblos originarios; su derecho al territorio y recursos naturales, a la personalidad jurídica como sujetos de derecho público para el ejercicio directo de presupuestos públicos; los derechos de las mujeres indígenas y del pueblo afromexicano, entre otros.
La iniciativa de reforma indígena que se encuentra en dictaminación en la Cámara de Diputados deriva de un proceso de participación coordinado por la Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Gobernación, en el que se realizaron más de 60 foros y asambleas regionales en la que participaron autoridades indígenas y representantes del pueblo afromexicano.
Sin embargo, algunos temas fundamentales recogidos en dicha propuesta consultada a los pueblos y comunidades, como es el caso del derecho al territorio y a los recursos naturales no fueron contemplados en la iniciativa presentada por el Ejecutivo el pasado 5 de febrero, siendo además un derecho consagrado en diversos instrumentos internacionales.
Por lo que, desde la ALDEA hacemos un llamado respetuoso a las Comisión de Puntos Constitucionales, a la Comisión de Asuntos Indígenas, así como a las distintas fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados y a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para dictaminar y aprobar la iniciativa durante este periodo y sin dejar fuera el derecho a las tierras y territorios de los pueblos indígenas.
La agenda indígena no debe quedar rehén del juego electoral. Las y los legisladores tienen la oportunidad de saldar una deuda histórica con los pueblos para garantizar el ejercicio pleno de su libre determinación y pasar a un nuevo tipo de relación basada en el respeto y la no discriminación.
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