Garantizar la participación de los pueblos y comunidades indígenas para su desarrollo fue uno de los principales exhortos que hicieron los titulares de las comisiones de derechos humanos de Jalisco, Nayarit, Durango y Guanajuato durante un foro virtual organizado por la PDHEG.
Este planteamiento se realizó en una mesa de diálogo efectuada el marco de la conmemoración por el Día Internacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
Además del anfitrión guanajuatense, José Raúl Montero de Alba, participó el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, su homólogo de Nayarit, Maximino Muñoz de la Cruz, y por la CEDH de Durango, Marco Antonio Güereca Díaz.
También estuvo el Consejero Ciudadano de la PDHEG e Integrante del Consejo Estatal Indígena, Salvador Gallegos Ramírez y el Presidente de Litigio Estratégico Indígena, A.C., Carlos Morales Sánchez, este último impartió una conferencia denominada “Los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas también son Derechos Humanos”.
Durante el panel, Alfonso Hernández Barrón recalcó la necesidad de hacer valer el derecho a la consulta de quienes conforman las comunidades originarias y enlistó cinco características básicas se deben considerar para ella por ejemplo: debe ser previa a cualquier proyecto, libre, informada, de buena fe y sobretodo culturalmente adecuada.
Dijo que el gran reto para el Estado mexicano es garantizar este derecho primordial pues no debe haber proyectos para los pueblos sin su participación.
Subrayó la obligatoriedad de hacer lo necesario para visibilizar los esfuerzos de hacer justicia a quienes fueron víctimas de procesos de colonización y que actualmente aún despojados de sus propiedades y recursos naturales.
Por su parte, el Presidente de la CEDH de Nayarit, Maximino Muñoz de la Cruz expuso las condiciones de desigualdad que viven los pueblos autóctonos y que se están haciendo más visibles en el contexto de la pandemia por COVID-19, y que afectan una serie de derechos como el acceso a la salud y la educación, entre otros.
Dijo que la realidad de estas comunidades es muy distinta a las situaciones que se viven en zonas urbanas, pues en ocasiones ni siquiera hay energía eléctrica y mucho menos acceso a internet.
Mencionó que los derechos de comunidades indígenas no han sido otorgados sino que son producto de mucho esfuerzo por la búsqueda de reconocimiento y condiciones de igualdad.
Durante su participación, el Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, José Raúl Montero de Alba, pidió generar un posicionamiento por parte de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos para garantizar y hacer efectivos los derechos de las comunidades indígenas.
En su mensaje, reconoció que en México se han hecho ajustes a la Constitución con el propósito de subsanar los adeudos que se tienen con estos grupos a lo largo de la historia, sin embargo, aún faltan acciones para visibilizar a este sector de la población.
“Los pueblos y comunidades indígenas hoy tienen derecho a ser reconocidos y respetados en su cultura, historia, idioma, modo de vida, siendo este un factor de enriquecimiento de la identidad cultural del Estado, quien está obligado a su preservación”, aseguró.
Finalmente, se contó con la exposición del maestro Carlos Morales Sánchez quien compartió su experiencia acerca de diversos litigios estratégicos indígenas que ha promovido en territorio nacional.
Afirmó que la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos abrió la posibilidad de sean justiciabilizados los derechos de estos pueblos.
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