Deimos Sánchez
La abogada Mariana Yáñez Unda, vicepresidenta de la organización civil Litigio Estratégico Indígena, informó que se abre una brecha en marco jurídico para que la ciudadanía obligue a sus gobernantes a cumplir con el Estado de Derecho y a garantizar que los servidores públicos realmente trabajen en beneficio del pueblo.
Lo anterior, luego de que la organización civil Litigio Estratégico Indígena ganara en menos de un mes dos amparos, uno para obligar al Congreso del Estado a crear la Ley de Consulta Indígena y el segundo, para obligar al Gobierno Estatal y Federal, así como a autoridades municipales a sanear los ríos Salado y Atoyac, hoy la ciudadanía puede organizarse para que las autoridades de los tres niveles de Gobierno, sean obligados por el Poder Judicial a cumplir con sus obligaciones, pues de lo contrario, estos podrían ser destituidos.
De acuerdo a la especialista, este nuevo marco jurídico del país, permitirá a la sociedad y a las agrupaciones no gubernamentales comenzar juicios de amparo en contra de cualquier autoridad que violente las garantías individuales de los ciudadanos, como es el hecho de restringir el derecho humano a la alimentación, a la seguridad, a la educación y al acceso a servicios básicos.
No obstante, la especialista, admitió, que el juicio de amparo podría no ser viable para solicitar el cese de las protestas callejeras, pues se contrapondría con el derecho a la libertad de expresión y libre manifestación.
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