“Con Azalea, joven indígena zapoteca, ojo biche, de Unión Hidalgo, tuve la oportunidad de empezar a hacer vigente el derecho a la lengua para los pueblos indígenas. Ella estudiaba Educación Física en la Normal Superior de Oaxaca los fines de semana y tenía dificultad para comunicarse en castellano. No iba bien en la escuela, para congraciarse con uno de sus maestros le trajo tres docenas de huevos de tortuga abundantes en la región del Istmo.
Aquella mañana de mayo, el hambre le hizo una mala jugada, ante la falta de dinero tomó 12 huevos y los cambió por un queso a un vendedor ambulante. Se disponía a marcharse cuando llegó la policía. Fue llevada a las oficinas de la Procuraduría. Al día siguiente, su madre después de empeñar un terrenito, pagó una fianza de diez mil pesos y Azalea recobró su libertad.”
Este texto, que narra la detención de una joven zapoteca acusada por un delito ambiental y que constituye la génesis de la primera demanda de amparo en lengua indígena en México, forma parte de la introducción del libro “Litigio Estratégico para el Cambio Social en México. Algunos casos, algunas reflexiones.” del abogado Carlos Morales Sánchez.
Los casos, que Carlos Morales postuló como defensor público federal están narrados en el libro publicado por la editorial del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH) con sede en San José Costa Rica. La editorial está dirigida por el doctor Víctor Rodríguez Rescia, connotado defensor de derechos humanos.
El libro fue escrito con el rigor jurídico exigido por la teoría del delito pero es asequible a cualquier lector porque la narrativa del abogado zapoteco ha sido permeada de poesía y magia. Conjuntar la rigidez de la dogmática jurídica con la poesía debió haber sido un trabajo difícil.
A lo largo del libro el autor da testimonio de su trabajo como abogado defensor. Explica que mediante el litigio estratégico se puede generar un cambio social. “El litigio estratégico es una piedra aventada a la quietud del rio”. Dice Carlos. Y como ejemplo narra varios casos que permitieron generar una nueva visión de los órganos del Poder Judicial de la Federación frente a las personas indígenas. De los buenos resultados dan cuenta las jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de la Nación (SCJN).
En el libro, Carlos Morales, narra tristes y luminosas historias: Jorge Santiago Santiago, era un joven indígena chatino que una mañana del 2007 fue a recoger huevos de tortuga para comer. Fue procesado por autoridades judiciales federales. La constancia de Carlos Morales permitió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidiera el destino de Jorge Santiago. Era la primera vez que un indígena chatino acudía al más alto tribunal del país. La SCJN le concedió el amparo y permitió establecer las nuevas reglas para juzgar a las personas indígenas en México.
Este caso generó cinco tesis jurisprudenciales que hoy dan sustento a todas las sentencias que en materia de personas indígenas se emiten en México.
La dolorosa historia de Bonifacio, un indígena mazateco acusado de un delito contra la salud permitió a Carlos Morales utilizar en su defensa herramientas del derecho internacional de los derechos humanos. Era el año 2006 y los tratados internacionales no tenían aceptación en nuestro sistema jurídico. El muro de la insensibilidad era muy fuerte. En ese apartado queda el testimonio y el relato de tales hechos.
La poesía transversaliza el libro. El diálogo con una mujer chinanteca monolingüe está relatado fielmente:
“La conocí en Ixcotel. Su mirada era profunda y fuerte. Sus ojos negrísimos. Representaba más edad de la que tenía. Las manos ásperas eran señal de que se dedicaba a un trabajo rudo. Un custodio, oriundo de Ojitlán, me ayudó a traducir su conversación. Cuando mencionó a sus hijos, la angustia se transformó en lágrimas y ningún traductor habría sido capaz de expresar en palabras el dolor que sentía. La vida no había sido fácil para ella. “A veces me canso —me dijo por conducto del intérprete— pero me da alegría pensar que con mi trabajo, mis niños van a la escuela.”
Días antes, en una calurosa madrugada de septiembre de 2006, en Tuxtepec, un grupo de policías estatales catearon la galera donde dormían los trabajadores de la zafra. Una persona farmacodependiente había denunciado que en ese lugar vendían droga. Amelia, se alojaba en ese lugar.”
Víctor Rodríguez Rescia, director del IIRESODH y ex miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, explica en la presentación del libro:
“El autor demostró que se puede aprender derecho “duro” con prosa sencilla y amigable. Carlos nos lleva de la mano por el desarrollo constitucional mexicano demostrando cómo la Constitución de 1917 se tuvo que ir adecuando a reconocer, tardíamente, la interculturalidad jurídica de los derechos de los pueblos indígenas, ora por la oportuna incidencia del derecho internacional de los derechos humanos (Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de Pueblos Indígenas y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), ora por la presión del levantamiento indígena en Chiapas y los Acuerdos de San Andrés.”
Carlos Morales nació en el Istmo de Tehuantepec, en sus propias palabras la “zona erógena de México”. Sus visitas frecuentes a la biblioteca de Juchitán, del Ldixhi Gendabiani, creado por Francisco Toledo, le llevaron a leer diversos autores europeos y latinoamericanos. En ese edificio de paredes blancas del Macondo istmeño viajaba hasta la costa atlántica de Colombia.
Estudió en la ciudad de Oaxaca. En la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. En el edificio central de cantera verde. Una tarde de septiembre hizo su examen profesional con un trabajo denominado “El ombudsman de la democracia.”
Laboró como defensor público federal durante doce años. Ahí defendió a 1526 personas. Sobre todo a personas indígenas. Aprendió teoría del delito, argumentación y redacción jurídica. Un día se cansó de laborar para el Estado y creó una asociación civil pequeñita que se llama Litigio Estratégico Indígena A.C. que no recibe ningún tipo de financiamiento.
Con esa asociación ha ganado varios casos ante la SCJN. El caso del río Salado es uno de ellos. Otro, es el litigio para obligar al congreso de Oaxaca a construir leyes. Hoy tenemos ley de consulta indígena en Oaxaca porque esa asociación le ganó al congreso de Oaxaca un amparo.
Carlos Morales es catedrático de diversas universidades del país. Comparte el conocimiento adquirido en San Diego, California, San José, Costa Rica, Bogotá y Medellín, Colombia, entre otros centros educativos.
En el año 2009 el gobierno del Estado le dio el premio al mérito ciudadano por su labor en favor de los pueblos indígenas y en el 2018 el Congreso le entregó un reconocimiento por su labor en favor de los pueblos indígenas. El presidente AMLO entregó a un joven integrante de su asociación el premio nacional de la juventud. La Barra de Abogados Carlos Santiago Nino les dio el Laurel del Litigio del Año.
Parece no cansarse. Salta de audiencia en audiencia. Promueve amparos todo el tiempo. Imparte clases en línea. Apenas el año pasado contribuyó gratuitamente, con LEI a elaborar una ley para que le reconozcan derechos a los ríos oaxaqueños. El pequeño libro fue construido a lo largo de 20 año.
Consulte en: https://www.estado20.mx/2021/01/26/23274
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