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Foto del escritorLEI A.C.

La justicia penal indígena en México



Las personas indígenas que enfrentan un proceso penal en México sufren de graves afectaciones: en una gran cantidad de causas las personas indígenas no cuenta con intérpretes, los defensores públicos que carecen de los conocimientos necesarios sobre la lengua y cultura de las personas que defienden, los centros penitenciarios son incompatibles con las prácticas cotidianas de la cosmovisión indígena, los jueces no investigan la especificidad cultural de la persona indígena y un largo etcétera.


La obra colectiva La justicia penal indígena en México, editorial Ubijus 2019, analiza el tema con un enfoque multidisciplinario y en clave de pluralismo jurídico. La riqueza de la obra proviene de la diversidad de los enfoques: intervienen historiadores del derecho, abogados postulantes, juzgadores federales y locales, peritos antropólogos, defensores de derechos humanos y académicos.


Carlos Morales Sánchez, presidente de Litigio Estratégico Indígena A.C. con un análisis crítico en “La Inconstitucionalidad del artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.


A su juicio ese precepto restringe el derecho pleno a la jurisdicción indígena que prohíbe a las autoridades tradicionales (consejos de ancianos, tatamandones, alcaldes, jueces de camino, etcétera) conozcan y juzguen a sus paisanos por delitos que en el derecho positivo traen aparejada la prisión preventiva oficiosa, porque, considera que la norma en cuestión no fue consultada a los pueblos indígenas.


El mensaje del legislador es claro: “autoridades tradicionales de los pueblos, encargáte de juzgar los robos de gallina, los robos de los chivos, los delitos de poca cuantía, de los otros delitos, se encarga el Estado, con sus jueces que son gente de razón”.


Esta obra contribuye a evidenciar que en la redacción del artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aparentemente neutral, permea la mezcla de una visión profundamente positivista-estatista de las relaciones jurídicas del Estado con las personas, pueblos y comunidades indígenas transversalidad por la discriminación y el racismo.

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