Una persona integrante y comisario de la comunidad indígena ñuu saavi (mixteca) con el acompañamiento de Litigio Estratégico Indígena A. C., promovió una demanda de amparo, contra la omisión legislativa por parte del Congreso de Guerrero y se busca crear la Sala de Asuntos Indígenas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero.
A pesar de que Constitución de Guerrero dispone que la entidad posee una composición pluricultural, pluriétnica y multilingüística basada en cuatro pueblos indígenas: nahuas, mixtecos, tlapanecos y amuzgos no existe un órgano que se encargue de impartir justicia en materia indígena.
La Constitución de Guerrero establece que los pueblos indígenas y afromexicanos regulan su vida interna a través de los sistemas normativos indígenas que le son propios. Y además, reconoce la necesidad de crear mecanismos legales, que hagan posible esa vinculación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal. Es decir, desde la Constitución se reconoce la necesidad de crear la Sala de Justicia Indígena.
Actualmente, el promotor del amparo desempeña el cargo de comisario dentro de Atlajamacingo y dentro sus funciones, se encuentran la resolución de los conflictos internos de la comunidad, impartir la justicia indígena y cuidar del orden público de sus comunidades. Es decir, aplican los comisarios aplican la jurisdicción indígena en ejercicio de sus propios sistemas normativos.
Sin embargo, las determinaciones emitidas por estas autoridades no cuentan con un mecanismo de validación en el Estado de Guerrero. Ya que la Constitución de Guerrero no establece un órgano que se encargue de convalidar la determinación emitida por las autoridades indígenas, no obstante que se tiene el deber de construir legislativamente dicho órgano.
Carlos Morales Sánchez, presidente de Litigio Estratégico Indígena A.C., indicó que es importante contar con mecanismos que permitan juzgar a las comunidades indígenas desde una perspectiva de interculturalidad. En este caso, en Guerrero existe una omisión legislativa porque el Poder Legislativo no ha creado una sala de justicia indígena como mecanismo de validación.
El abogado oaxaqueño, explicó que en la demanda de amparo que actualmente conoce el juzgado Décimo de Distrito con residencia en Chilpancingo, se indica que los Estados de Oaxaca y el Estado de México ya cuentan con una Sala de Justicia Indígena. Estas salas tienen las atribuciones de conocer los asuntos relacionados con las resoluciones emitidas por las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas en ejercicio de su función jurisdiccional al aplicar sus sistemas normativos.
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