Para poder contar con una herramienta para la defensa del territorio de sus comunidades y recursos naturales contra los megaproyectos extractivos y desforestadores, tres personas indígenas asesorados por Litigio Estratégico Indígena A.C. promovieron demanda de amparo con la que buscan obligar al Congreso de Puebla a construir la Ley de Consulta Previa, Libre, Informada y de Buena Fe para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de Puebla.
Los amparos fueron promovidos por Josefina Cortés Vázquez, indígena totonaca o tutunakuj, de la comunidad de Ixtepec; por Felipe Correo Díaz, indígena nahua, de San José Miahuatlán, Puebla, y Eliseo Belén de la Cruz, nahua, de la comunidad de San Sebastián, municipio de Teziutlán. El 21 de junio pasado, los jueces federales admitieron las demandas.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece como derecho de los pueblos indígenas que cuando la autoridad pretenda construir un proyecto o megaproyecto en su territorio deberán ser consultados previamente. Pero no existe en Puebla, una ley que establezca la manera en que deben ser consultados los pueblos indígenas.
En el sexenio que transcurre, los megaproyectos han afectado los recursos de los pueblos indígenas del país. Los pueblos indígenas acusaron que las consultas del Tren Maya y el Proyecto Transístmico fueron simulaciones ante la falta de una ley de Consulta que establezca la manera, condiciones y términos en que deberá llevarse a cabo la consulta previa.
Preocupados ante tal situación, buscaron la asesoría de Litigio Estratégico Indígena. Asociación cuyo ejercicio ante los tribunales ha generado la obtención de sentencias históricas que ordenó construir la ley de Consulta Previa de Oaxaca, la Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional y la Ley General de Consulta Previa para todo el país.
Con base en las experiencias exitosas, se elaboraron y presentaron tres demandas de amparo que serán resueltos por jueces del Poder Judicial de la Federación con residencia en Cholula.
Mediante el juicio de amparo se busca proteger el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados previamente a la instalación de proyectos y megaproyectos y tengan voz y no sean excluidos por el gobierno.
Mariana Yáñez Unda, vicepresidenta de Litigio Estratégico Indígena, refirió que es necesario que todos los estados del país, donde exista presencia de personas indígenas deberán contar con una ley de consulta previa, porque esa ley es un mecanismo de interculturalidad que permite que el gobierno y los pueblos indígenas dialoguen en un plano de igualdad.
Marian Yáñez, abogada oaxaqueña, que fue galardonada por el municipio de Oaxaca con la medalla Antonia Labastida de la Lanza, indicó que las autoridades responsables deberán rendir un informe sobre la omisión legislativa y posteriormente concederán el amparo a los quejosos.
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