Para la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA) el envío de la iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicano a la Cámara de Diputados por parte del presidente de la República es un paso en sentido correcto para resarcir una deuda histórica con las comunidades que, desde la colonia, padecen el despojo de sus territorios, cultura e identidad por parte del propio gobierno, así como de empresas y del crimen organizado.
La iniciativa de reforma presentada al Congreso por el Ejecutivo recoge varios temas prioritarios para la vida y el goce de los derechos de los pueblos y para avanzar hacia un nuevo tipo de relación entre estos y el Estado mexicano.
Entre los avances cabe destacar el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público, que les confiere plena personalidad y capacidad jurídica para ejercer su libre determinación y autonomía, debiendo ser reconocidos y respetados sus actos de autoridad con un carácter “público” por parte del Estado. De esta forma se les dejaría de considerar como “entidades de interés público”, figura bajo la cual prevalece una situación de tutelaje gubernamental hacia los pueblos.
De igual manera, plantea avances para garantizar a las comunidades el derecho a la asignación y el ejercicio directo de presupuestos bajo criterios “compensatorios, equitativos, justos y proporcionales”.
Se fortalecen también los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas a la participación comunitaria, política y su acceso a la propiedad y posesión de tierras, así como respeto de sus derechos. Se robustece el reconocimiento y garantía de los derechos del pueblo afromexicano.
Otro tema a resaltar son las diversas medidas que se adoptan para preservar las formas propias de vida y desarrollo de las comunidades, así como el reconocimiento del derecho al consentimiento previo, libre e informado ante cualquier tipo de medida que pueda afectarles. Obligación especialmente importante en contextos de megaproyectos de desarrollo que han traido la violación sistemática a los derechos colectivos de los pueblos.
De gran relevancia resulta el reconocimiento del patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos y su propiedad intelectual colectiva para protegerlos ante las distintas formas de apropiación y pirateria hacia sus conocimientos tradicionales.
A pesar de estos importantes avances que recoge la iniciativa presentada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, quedaron fuera temas de suma relevancia que habían sido recogidos en la iniciativa consultada a los pueblos por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Gobernación y que le fue entregada al presidente por la Tribu Yaqui, en Vicam Sonora, el 28 de septiembre de 2021.
Por ejemplo, no se reconoció ningún aspecto relacionado con el derecho al territorio y a los recursos naturales, ni a la forma de titularidad colectiva de estos, siendo unos de los temas más desarrollados en los instrumentos internacionales. De esta manera sigue la condición de servidumbre que tienen los pueblos solo para acceder, y con “respeto”, a otras formas de propiedad de la tierra, sin que puedan ostentar ellos la propiedad colectiva como pueblos originarios de sus tierras y territorios.
De igual manera, el derecho a la libre determinación y a la autonomía sigue sometido al arbitraje de las entidades federativas que determinan de forma discrecional la característica de su ejercicio en cada estado, cuando es una atribución inherente a los pueblos. Por el contrario, no se contemplaron aquellos mecanismos y formas de autonomía a nivel comunitario, municipal y regional que se han venido adoptando por pueblos y comunidades en distintos estados del país como en Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero, entre otras.
Finalmente, en el caso de los sistemas normativos propios si bien se le da un mayor reconocimiento en la propuesta siguen estando subordinados al sistema de justicia del Estado mexicano y no mediante una relación de coordinación y diálogo entre los mismos como se proponía en la iniciativa original.
Es fundamental que la Cámara de Diputados rescate estos temas pendientes y los incorpore a la iniciativa presentada por el presidente el día de ayer. ALDEA solicita a las y los legisladores su compromiso para la pronta aprobación de esta reforma trascendental apegándose a los temas y acuerdos adoptados dentro del proceso de consulta, así como a las 10 demandas que ha venido exigiendo nuestra Alianza, que agrupa a más de 240 comunidades y organizaciones de 19 estados del país.
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