ENTREVISTA | Mariana Yáñez: “La ciudadanía debe tener en la nueva Constitución de Oaxaca mecanismos reales para exigir cuentas a sus representantes”

Desde las oficinas de Litigio Estratégico Indígena A.C., Mariana Yáñez comparte las propuestas constitucionales que buscan transformar el rostro político, social y jurídico de Oaxaca.

Oaxaca de Juárez, Oax. — Las oficinas de Litigio Estratégico Indígena A.C., ubicadas en el corazón de la ciudad de Oaxaca, justo detrás de la Basílica de la Soledad, reflejan el espíritu firme y comprometido de quienes las habitan. En sus muros cuelga un óleo del artista colombiano Carlos Cepeda que retrata a Benito Juárez con solemnidad. A su lado, estallan las formas y colores del pintor y luchador social Markoa, mientras un Quijote de Armando Guerrero, solitario y tenaz, observa la escena como símbolo de resistencia. En ese entorno, Mariana Yáñez, vicepresidenta de la organización, nos recibe para hablar de justicia, pueblos indígenas y el futuro constitucional de Oaxaca.

Litigio Estratégico Indígena A.C. ha entregado un documento con propuestas concretas para la nueva Constitución de Oaxaca al doctor Raúl Ávila Ortiz y al magistrado Manuel de Jesús López López, quienes encabezan la coordinación del proceso de elaboración del proyecto constitucional. Las propuestas buscan ser incorporadas como parte de una transformación de fondo, con enfoque de derechos humanos, justicia territorial y participación ciudadana.

— Mariana, ¿cuál es la motivación principal detrás de estas propuestas constitucionales?

Estas propuestas nacen del hartazgo ciudadano y de la necesidad de transformar nuestras instituciones desde la raíz. No podemos seguir tolerando la impunidad política, el abandono de nuestras demandas ni la exclusión de nuestros pueblos indígenas en la toma de decisiones. Esta nueva Constitución es una oportunidad histórica para cambiar eso.

— Una de las propuestas más innovadoras es justiciabilizar las promesas de campaña de los aspirantes a cargos públicos. ¿Cómo funcionaría?

Queremos que las promesas de campaña se registren ante notario público y se calendaricen. Un presidente municipal, por ejemplo, deberá establecer qué compromisos cumplirá en su primer año, cuáles en el segundo y así sucesivamente.

Si incumple, cualquier ciudadana o ciudadano podrá acudir a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia para demandar ese incumplimiento. Si el funcionario sigue en funciones, deberá cumplir. Si ya terminó su mandato, se podría ordenar su inhabilitación para ejercer otro cargo público.

— ¿Esto busca frenar el discurso político vacío y las promesas que no se cumplen?

Exacto. Ya basta de que las campañas sean un catálogo de promesas que se olvidan al llegar al cargo. Queremos que el discurso político tenga consecuencias jurídicas y éticas. Las promesas deben ser cumplidas.

— También proponen un juicio de separación del cargo para deudores alimentarios entre otros. ¿Qué lo hace necesario?

Porque actualmente no existe un mecanismo efectivo para que la ciudadanía pueda destituir a servidores públicos que violan derechos, incumplen sus funciones o simplemente se ausentan de su responsabilidad. Con este juicio, cualquier persona podrá presentar pruebas ante la Sala Constitucional para iniciar el proceso.

El procedimiento deberá resolverse en un plazo breve —no mayor a 60 días— y permitirá la separación del cargo de funcionarios que hayan sido señalados como deudores alimentarios, violentadores familiares, acosadores, hostigadores sexuales o violadores de derechos humanos, especialmente si cuentan con antecedentes en sentencias o recomendaciones de organismos de derechos humanos.

También será aplicable a diputadas o diputados que no presenten iniciativas, no trabajen o no visiten sus distritos. La ciudadanía debe tener herramientas para decir: “esta persona no nos representa y no puede seguir en el cargo”.

— ¿Qué otros ejes incluye el documento entregado?

Planteamos reformas estructurales que hoy son urgentes:

• Reconocer los derechos de los ríos como sujetos de protección jurídica.

• Crear la figura de los guardianes de los ríos, elegidos por las comunidades, con capacidad legal para representarlos y defenderlos.

• Establecer acciones de tutela administrativa, como mecanismos rápidos y eficaces para proteger derechos ante omisiones o abusos de autoridades.

• Diseñar una reglamentación integral para intérpretes y traductores indígenas, que garantice su profesionalización, condiciones laborales dignas y su participación obligatoria en todos los procedimientos legales que involucren a personas hablantes de lenguas originarias.

— ¿Qué se lograría con estas reformas?

Una Constitución viva, útil y transformadora. Que devuelva el poder a la ciudadanía, que proteja nuestros bienes comunes, que valore a nuestros pueblos indígenas y que garantice una justicia con rostro humano.

— Finalmente, ¿cuál es tu mensaje para la ciudadanía oaxaqueña?

Este proceso constitucional no puede estar en manos de unos cuantos. Tiene que ser un proceso plural, incluyente, participativo. Invito a todas y todos a informarse, proponer y defender sus derechos. Es momento de imaginar un Oaxaca distinto, y hacerlo realidad en nuestras leyes y en nuestras instituciones.