Congreso de Oaxaca rechaza iniciativa para proteger el empleo de indígenas que cumplen con cargos comunitarios

• Litigio Estratégico Indígena anuncia que continuará la lucha jurídica contra la decisión legislativa.

El Congreso del Estado de Oaxaca, el pasado 2 de abril de 2025, votó en contra de una iniciativa de reforma constitucional que buscaba proteger los derechos laborales de las personas indígenas obligadas a prestar servicios comunitarios en sus pueblos de origen, práctica conocida como sistema de cargos.

La propuesta fue presentada por la organización Litigio Estratégico Indígena A.C. como iniciativa ciudadana, con el objetivo de incorporar en la Constitución local la figura de “reserva de plaza” para que los trabajadores —tanto del sector público como privado— no perdieran su empleo al acudir a cumplir sus responsabilidades comunitarias.

El planteamiento respondía a una problemática creciente: muchas personas indígenas que migran a zonas urbanas y laboran en instituciones gubernamentales o empresas privadas, se ven obligadas a renunciar a sus trabajos cuando son llamados por sus comunidades a desempeñar un cargo de servicio gratuito, como parte de los sistemas normativos internos o sistemas de usos y costumbres.

Estos sistemas tradicionales, esenciales para la organización y vida comunitaria, exigen que los propios integrantes de las comunidades asuman diversos cargos de manera obligatoria. En caso de incumplimiento, los castigos pueden incluir multas, expulsión o pérdida de derechos dentro de la comunidad.

Litigio Estratégico Indígena argumentó que esta situación coloca a las personas indígenas en una grave situación de vulnerabilidad laboral, y que una reforma constitucional podría armonizar los sistemas normativos con el respeto a los derechos laborales.

Sin embargo, la Comisión Permanentes de Estudios Constitucionales del Congreso local votó en contra de la propuesta, cerrando la puerta —por ahora— a una posible reforma de avanzada que reconociera la complejidad de la vida comunitaria y los derechos de las personas indígenas en contextos urbanos.

Carlos Morales Sánchez, abogado de la organización litigante anunció que continuará su lucha jurídica para impugnar esta decisión y defender los derechos de quienes deben cumplir con sus cargos comunitarios sin perder su empleo ni poner en riesgo su subsistencia.