Una investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) constató que la contaminación por descarga de aguas residuales y arrastre de desechos sólidos en el río La Arena, vulneraron los derechos humanos a un medio ambiente sano y al saneamiento del agua de los habitantes de comunidades pertenecientes a Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, situación que obligó a la emisión de la Recomendación 168/2023 a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y al Ayuntamiento de ese municipio.
Una persona acudió en noviembre de 2022 a esta Comisión Nacional para presentar una queja en la que aseguró que dicho afluente estaba contaminado por desechos industriales y basura, por lo que despedía olores desagradables que impactaban el entorno ecológico. A partir de las evidencias recabadas, la CNDH comprobó que las autoridades señaladas no han asegurado la disponibilidad y accesibilidad de los servicios básicos de alcantarillado, saneamiento y gestión de los residuos, lo que denota falta de medidas de vigilancia y sanción, vulnerando con ello los derechos humanos a un medio ambiente sano y al saneamiento del agua.
En este caso específico, se acredito que las descargas residuales -en contravención a las normas aplicables-, las deficiencias en la gestión de los residuos, así como la degradación que producen en el ambiente, generan afectaciones hacia los demás seres vivos, el entorno y, particularmente, repercusiones en la salud de la población.
Aunque la CONAGUA manifestó haber realizado una visita de inspección por descargas residuales, dicha acción resultó insuficiente, pues es la única efectuada durante cinco años y el problema persiste, lo que denota la falta de vigilancia y la imposición de medidas efectivas para impedir que se sigan vertiendo aguas residuales sin autorización e incumplimiento a la normatividad aplicable.
Al respecto, cabe mencionar que tanto el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como los relatores en materia de Agua Potable y Saneamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han señalado que los Estados tienen la obligación de garantizar que los recursos hídricos estén libres de contaminantes nocivos y patógenos, así como emprender las actividades necesarias para prevenir y reducir la exposición de la población a factores ambientales perjudiciales.
Por ello, la CNDH solicita a la Comisión Nacional del Agua instruir al Organismo de Cuenca del Pacífico Sur celebrar un convenio de coordinación para la protección ambiental, restauración y reparación de los daños ocasionados por la contaminación del mencionado afluente, donde deberán participar los sectores académico, empresarial y agropecuario, así como organizaciones de la sociedad civil; diseñar un programa integral de saneamiento en el que deberán involucrarse autoridades de los tres órdenes de gobierno y un cronograma que contenga las reuniones de seguimiento y evaluación de las acciones ejecutadas.
También se le pide que dentro de tres meses realice estudios de la calidad de agua del río La Arena, implementar un programa de monitoreo que permita garantizar su uso, por lo que dichas actividades deberán contar con la infraestructura y equipo necesarios. Gestionar que en los presupuestos de los próximos dos años asignen recursos para programas de alcantarillado, saneamiento y cultura del agua; llevar a cabo un inventario de los puntos de descarga de aguas residuales para identificar aquellos que sean clandestinos y se inicien los procedimientos administrativos correspondientes.
Fortalecer el acceso a servicios públicos eficientes para comunidades urbanas y rurales mediante el uso de tecnologías de fácil manejo y bajo costo de operación; hacer públicas las actividades emprendidas para el saneamiento del afluente, además de colaborar en la denuncia que esta CNDH formule ante las instancias correspondientes por las omisiones señaladas, así como otras acciones descritas en la Recomendación.
Por su parte, el Ayuntamiento de Santiago Pinotepa Nacional deberá celebrar un convenio para la protección ambiental, restauración y reparación integral de los daños ocasionados por la contaminación del río La Arena, diseñar e implementar un programa de saneamiento en el que se solicite la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, verificar el estado operativo de la infraestructura asociada al servicio público de drenaje, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales a su cargo y, de ser necesario, gestionar la ampliación, reparación y mantenimiento de la misma.
Asimismo, realizar las acciones pertinentes con el gobierno estatal y los sectores social y privado para prestar, de manera conjunta, los servicios de alcantarillado y drenaje en comunidades urbanas y rurales que garanticen la sostenibilidad de éstos y solicitar apoyo económico para la ejecución de los estudios y proyectos de construcción, rehabilitación o incremento de capacidad productiva de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, entre otras labores.
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