A poco más de cuatro años, titulares de diferentes dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal, continúan sin cumplir con la sentencia de amparo en la que se les ordena sanear y rescatar los ríos Atoyac y Salado.
Litigio Estratégico Indígena, organización que promovió el amparo, demandar ante un juez federal la inejecución de la sentencia para que el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con ello se destituye de sus cargos a los servidores públicos responsables y se inicie un proceso penal en su contra que podría representar de cuatro a ocho años de cárcel.
En marzo de 2018, la asociación civil ganó un amparo – tras interponer la demanda el 31 de marzo de 2016 – con el cual el Poder Judicial de la Federación ordena a 18 autoridades federales, estatales y municipales, tomar acciones para sanear y preservar las buenas condiciones de ambos cauces.
El falló de la juez federal al otorgar la protección de la justicia y ordenar a las autoridades tomar acciones a favor de los ríos Atoyac y Salado, representó un avance no sólo por la trascendencia de ganar un amparo para la protección del medio ambiente, sino porque se obliga a las autoridades a tomar acciones efectivas.
Las autoridades responsables señaladas: los titulares del Organismo Cuenca Pacifico Sur de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la Conagua, Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), el Gobierno del Estado de Oaxaca, a la Comisión Estatal del Agua (CEA) y 14 presidentes municipales, entre ellos, el de Oaxaca de Juárez. Recientemente también se agregó a la demanda al Consejo de Cuenca de la Conagua, también como autoridad responsable.
“Seguimos exactamente igual. Hasta este momento las autoridades municipales, estatales y federales siguen informando las acciones que dicen, están realizando, pero que todo se concreta en reuniones de trabajo pero no en acciones sustantivas. Hasta el momento no hay ningún avance mínimo sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo”, asegura Carlos Morales Sánchez, presidente de Litigio Estratégico Indígena.
El abogado detalla que tanto las autoridades estatales y federales han argumentado este incumplimiento con el argumento de que la pandemia del Covid-19 es un obstáculo para acatar la sentencia de amparo.
Sin embargo, sostiene, que en realidad no hay ninguna voluntad política para cumplir con la sentencia si se toma en cuenta que el Congreso del Estado de Oaxaca ni la Cámara de Diputados Federal asignaron un sólo peso para el rescate de los ríos Salado y Atoyac.
Mientras que de los 14 municipios, algunos se han defendido con el argumento de que no arrojan sus descargas de aguas residuales a los ríos y otros, que no tienen la posibilidad financiera o económica y legal para realizar acciones como obras de infraestructura; es decir, que esto les corresponde a las autoridades normativas ejecutoras como las instancias federales y estatales. Entonces, únicamente se han limitado a realizar trabajos de limpieza o tequios, lo cual han presentado como pruebas ante el juez federal para afirmar que sí están cumpliendo con la sentencia de amparo.
“De quienes esperaríamos más es de los municipios aledaños al río como la ciudad de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, Telixtlahuaca, entre otras que están en los Valles Centrales. Pero tampoco hemos visto alguna acción que permita apreciar la voluntad de cumplimiento de la sentencia de amparo”, afirma Carlos Morales.
El presidente de Litigio Estratégico Indígena menciona que han pedido al juez de distrito que inicie un procedimiento de inejecución de sentencia de amparo, con el fin de que el asunto sea llevado a la última instancia de la SCJN y establezca las sanciones a los responsables.
“Sin embargo, el juez de distrito ha sido una autoridad cautelosa que ha ido dando plazos, plazos y plazos para que las autoridades de alguna manera cumpla”, apunta.
También explica que después de iniciar este procedimiento, concluirá necesariamente con la separación del cargo de las autoridades responsables y además, con la puesta a disposición del ministerio público. Opina que se ha retrasado, porque los servidores públicos esperan eludir su responsabilidad una vez dejado el cargo; pero advierte que aún y cuando ya no sean funcionarios públicos, no termina su responsabilidad.
“Las autoridades responsables tienen la idea de que es posible eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo; sin embargo, es posible que en estos años que llevamos hayan logrado eludir, darle la vuelta o heredar el problema a las nuevas administraciones tanto municipales, como del estado, pero finalmente a todas las autoridades que incumplieron serán llamadas en este procedimiento de inejecución.
“No porque hayan terminado ya sus cargos o gestiones, mandatos de seis años o tres años, eso no implica que van a librar la responsabilidad penal de este incumplimiento”.
Carlos Morales estima que todavía este proceso se extienda algunos años más, aunque no pudo determinar aproximadamente cuántos. Finalmente, dice, es la SCJN la que tendrá que determinar la responsabilidad penal de las autoridades omisas.
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