Sala de Justicia Indígena para Chihuahua

En el Estado de Chihuahua se encuentran cuatro grupos étnicos que han habitado desde tiempos inmemorables. El 85% de la población indígena de la entidad se localizan en 23 municipios serranos en los que destacan por su población originaria: Guachochi, Balleza, Bocoyna, Guadalupe y Calvo, Morelos, Urique y Guazapares.

El artículo 1° de la Constitución de Chihuahua, menciona que el Estado de Chihuahua es parte integrante de México y posee una composición pluricultural, pluriétnica y multilingüística. Además, en el artículo 9° de la Constitución de Chihuahua reconoce que los pueblos indígenas y las personas que lo componen regulan su vida interna a través de los sistemas normativos indígenas.

Es de suma importancia que se puedan crear mecanismos legales de vinculación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal. Como sucede en Oaxaca con su Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.

De igual forma, el Estado de México creó la Sala de Asuntos Indígenas como parte del Tribunal Superior de Justicia, el 17 de marzo de 2023. Para analizar los temas concernientes a los asuntos indígenas o que se viera involucradas personas que formen parte de la comunidad indígena en tanto a la tutela de sus derechos humanos.

Chihuahua no ha creado una Sala de Justicia Indígena para aperturar la forma de expedición de justicia, como un mecanismo de validación para evaluar las decisiones emitidas en jurisdicción indígena.

Por eso, Guadalupe Pérez Holguín, una mujer indígena rarámuri, de la comunidad de Norogachi, se acercó a Litigio Estratégico para plantearle su inconformidad ante la omisión de crear una Sala de Justicia Indígena. Por eso, promovieron un juicio de amparo para demandar al Congreso de Chihuahua la omisión legislativa de crear la ley que origine al mecanismo de validación de las decisiones emitidas en jurisdicción indígena.

Tomando como precedentes o claros ejemplos, las Salas correspondientes en el Estado de México y Oaxaca. La demanda de amparo quedó radicada con el número 444/2024, en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua.

En la demanda se señala que la omisión termina violando el derecho de los pueblos indígenas de Chihuahua a contar con un mecanismo de validación de las decisiones emitidas por las autoridades comunitarias indígenas y afromexicanas. Y busca que mediante la sentencia que dicte el Juzgado Primero de Distrito, se ordene a legislar sobre la omisión.

Litigio Estratégico, sabe que una de las prioridades por las que debe trabajar más arduamente la expedición de justicia, es voltear a ver la justicia indígena que forman parte muy importante en el país en tanto a identidad y cultura del país. Seguiremos luchando para que todas las personas tengan acceso a la justicia sin ningún problema.