Enjuiciando al Poder Judicial de Oaxaca

Lamentablemente, esta es una historia recurrente: Norma, mujer indígena y madre sola fue acusada por agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, de cometer cinco veces un delito patrimonial. Los Ministerios Públicos a sabiendas de que no había cometido delito alguno solicitaron orden de aprehensión.

Los jueces solícitos libraron las ordenes de aprehensión. Aquella mañana de domingo fue para Norma inolvidable: 30 policías, con lujo de violencia la arrancaron de su entorno familiar y la llevaron a las mazmorras de Ixcotel.

Las lágrimas de Norma no conmovieron a los jueces penales de Oaxaca: le dictaron auto de formal prisión. en cinco ocasiones. Norma estuvo presa un año y seis meses. Sufrió vejaciones de las autoridades del penal y de los reclusos. Promovió amparos contra los autos de formal prisión y los jueces federales le concedieron, uno a uno, los amparos. No podía ser de otra manera: Norma no había cometido delito alguno.

Norma estuvo presa en dos cárceles oaxaqueñas: en la Penitenciaría de Ixcotel y en el reclusorio de Etla, su hijo de un año y dos meses sufrió con ella la prisión preventiva y después la separación. Norma, sin deber nada, conoció el infierno en la tierra.

Durante el tiempo en que estuvo presa. Su vida corrió peligro en Ixcotel y fue llevada al reclusorio de Etla. Todo esto en el 2010 y 2011. Aun tiene miedo de contar que fue agredida al interior del sector femenil de Ixcotel y tuvo que ser llevada al reclusorio de Etla. Tiene historias que aún no puede contar.

Afortunadamente, para Norma, aún hay jueces en Berlín. Diversos jueces federales le concedieron uno a uno los amparos. El Poder Judicial de la Federación la protegió. Y ella pudo volver a la libertad pero nada fue igual. Durante su reclusión su madre había enfermado. Estar en la cárcel y defenderse le salió muy caro. Tuvo que vender una casita de interés social para poder sufragar sus gastos. Por las noches Norma sufre pesadillas y de ansiedad.

Cuando Norma salió de la cárcel se dio cuenta que lo había perdido todo: trabajo, casa, salud. Pero la mantenía de pie el amor de su hijo.

Buscó a Litigio Estratégico Indígena. Con Carlos Morales, presidente de ese organismo no gubernamental, presentaron una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Es evidente que si una persona permanece presa por determinación judicial y luego conceden el amparo, ministerios públicos y jueces cometieron violación a derechos humanos.

La investigación del ombudsperson duró siete años. Después de un año y medio presa, Norma tuvo que batallar siete años para que el Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitiera una recomendación. En el mes de julio de 2022, ante la presión de Litigio Estratégico Indígena se emitió la recomendación 7/202 al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca.

La recomendación del Defensor de los Derechos Humanos dice que el Tribunal y la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, son responsables de violaciones a derechos humanos de Norma. Y la Defensoría ordena reparar la violación a los derechos humanos de Norma.

De manera inusitada, el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca no admitió la recomendación y manifestó su voluntad de no aceptarla. Lo que coloca al Poder Judicial del Estado como un ente violador de los derechos humanos. El Tribunal no sólo debió haber aceptado la recomendación sino iniciar los expedientes disciplinarios a los responsables directos. Pero prefirió la impunidad.

En el mismo sentido la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca emitió un acuerdo “aceptando” la recomendación que solo constituye una simulación. Jamás se pronunció la fiscalía sobre la reparación de la violación a los derechos humanos de Norma. Ni sobre la responsabilidad de los perpetradores. La total impunidad.

Esta es una situación Kafkiana: los órganos encargados de impartir justicia en Oaxaca, se han convertido en entes violadores de derechos humanos. 

Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que es constitucional que los deudores alimentarios no ocupen cargos públicos. Es hora de que se construya una reforma legal que establezca que los violadores a derechos humanos, así declarados en una recomendación o en un juicio de amparo, no podrán desempeñar cargos públicos.

Ya basta de que los servidores públicos miren con desprecio las recomendaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos y de la CNDH, es necesario crear un mecanismo indirecto: no permitir a los omisos y violentados desempeñar cargos públicos.

La estadística indica que las autoridades violadoras de derechos humanos incumplen sistemáticamente las recomendaciones emitidas por los órganos del Sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos. Es necesario ahora buscar un mecanismo indirecto para cumplir las recomendaciones: ni un violador de derechos humanos debe desempeñar un cargo público.

Aún falta mucho camino para reparar las violaciones a los derechos humanos de Norma. Los derechos humanos no son luchas ganadags. Aún tenemos que seguir abriendo brecha.

Con el acompañamiento de la maestra Elizabeth Lara, defensora de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Norma y Litigio Estratégico Indígena hemos iniciado el juicio de protección a los derechos humanos ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. La Sala Constitucional enjuiciará al presidente de Tribunal. 

El juicio de protección a los derechos humanos fue radicado en la Sala Constitucional el día 22 de agosto de 2023, bajo el número 03/2023.

El asunto no quedará ahí. La jurisdicción federal conocerá del amparo directo y en ultima instancia la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aun falta mucho para que Norma sea reparada de manera integral. Pero no cejaremos.